La inspeccion de hacienda es, quizá, uno de los protocolos administrativos más temidos en el mundo de la empresa. El empresario teme el papeleo que debe preparar, no pasarse las fechas establecidas para presentar la documentación y a perder la privacidad del contenido del ordenador.
Por una parte, hay que tener en cuenta que el derecho a la inviolabilidad de correspondencia no se reduce únicamente al ámbito de la correspondencia escrita, es decir, la carta postal, sino que también incluye cualquier medio o sistema de comunicación privada de las personas, dado que con el avance de la tecnología, actualmente se cuenta con múltiples formas y sistemas de comunicación privada como son la telefonía fija, telefonía móvil y el correo electrónico. En el derecho español, esta facultad se encuentra protegida por la Constitución en su artículo 18, el cual establece que el domicilio es inviolable.
Por otra parte, tanto la documentación física como la información que contienen los ordenadores cuentan con un grado mayor de protección dependiendo del lugar donde se encuentren ubicadas. Así, cuando los ordenadores están situados en zonas abiertas al público o en lugares donde se desarrolla actividad comercial, los inspectores pueden acceder a ellos con una mera autorización escrita del delegado o del director del departamento (sus superiores), algo que normalmente suelen llevar en la visita que efectúan. Sólo con la ausencia de esta autorización se les podría negar el acceso.
En cambio, si la documentación o los ordenadores se encuentran ubicados en dependencias reservadas para llevar a cabo la dirección, gestión de la compañía o zonas específicas para conservar la documentación del día a día, no será suficiente con la autorización mencionada anteriormente. En estos casos, el acceso de los inspectores ha de ser autorizado por orden judicial. Y ello es debido a que los Tribunales reconocen a estas zonas la misma protección que a un domicilio particular.
Si a pesar de estas cautelas nos visita el inspector sin la orden judicial y accede a la información ubicada en las zonas reservadas, debemos dejar constancia en la diligencia de que no somos conscientes de dicho acceso. De esta forma, se podrá solicitar a los Tribunales la anulación de cualquier liquidación o sanción que sea consecuencia de una comprobación irregular de los inspectores. Si no se manifiesta en diligencia su oposición o disconformidad, los Tribunales podrán entender que el acceso a una zona restringida ha sido consentido libremente y la información recabada por Hacienda ha sido obtenida de forma legal.
