La transformación digital está al orden del día. Y la Administración pública tiene un papel importante. En este artículo nos planteamos cuáles son sus principales retos para este 2021.
En los últimos años, más del 90 % de las administraciones públicas españolas ha apostado por proyectos de digitalización corporativa en sus departamentos. Según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) 2020, en el ámbito de los servicios públicos digitales, España ocupa el segundo puesto entre los 28 países de la Unión Europea, dos puntos por encima respecto al índice de 2019, y muy por encima de la media, gracias a la estrategia digital puesta en marcha por la Administración central. En conectividad, también destaca con buenos resultados, y se ubica en el quinto lugar. En cambio, en los indicadores de capital humano, está por debajo de la media de la UE.
El contexto excepcional que se ha generado después de la pandemia del Covid-19, con una situación de crisis sanitaria global, y la puesta en marcha de la legislación en materia de transparencia han acelerado la necesidad de desarrollar unas competencias digitales en las administraciones que respondan a las demandas de la ciudadanía y de las empresas con agilidad y eficacia, de un modo accesible, a través de los dispositivos móviles. El objetivo a corto plazo es desarrollar unos servicios públicos digitales más eficientes, personalizados, proactivos, inclusivos, y de calidad.
Las últimas reformas legislativas en digitalización, y en especial, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, han dado un impulso en la actualización de procesos digitales en la Administración pública, hecho que ha reducido los costes unitarios y los plazos de tramitación.
Teniendo en cuenta los datos analizados, se puede decir que España cuenta con una buena posición de partida para impulsar la Administración digital.
¿Pero qué supone para las administraciones adaptarse a un proceso de transformación digital de forma transversal? En este artículo, describimos los cinco principales retos para este 2021.
Una Administración más eficiente
La transformación digital es un trampolín para llegar a la transparencia, la proximidad, la agilidad y la eficacia en las gestiones administrativas de los ciudadanos que utilizan los servicios públicos digitales de la Administración. El principal objetivo es hacer llegar estos servicios que se prestan a la ciudadanía y a las empresas a través de sus dispositivos móviles con facilidades para la usabilidad y la accesibilidad.
En este sentido, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el de Política Territorial y Función Pública ha presentado recientemente el Plan de Digitalización de la Administración Pública que prevé un nuevo modelo de identidad digital que simplificará y facilitará los trámites con la Administración, con la incorporación de los datos identificativos y la firma electrónica.
Una de las soluciones para mejorar la eficiencia interna de las administraciones será la automatización e inteligencia artificial que reducirán el tiempo de gestión y facilitarán una atención pública más rápida. En ámbitos como la salud o la justicia, las acciones se centrarán en crear espacios de datos comunes y modelos predictivos antes de finales del 2023, y gestionar los trámites a través de dispositivos móviles o conexión de los sistemas de gestión procesal para llevar a cabo juicios telemáticos.
El Plan cuenta con una inversión de 2.600 millones de euros (600 destinados a comunidades autónomas y corporaciones locales) para llegar al objetivo marcado: una Administración ágil y eficiente para los ciudadanos.
Un ecosistema digital unificado
Existe un handicap ante la digitalización en este ámbito. La percepción ciudadana de los organismos públicos como entes tradicionales todavía es vigente. El objetivo es transformar esta visión hacia una concepción de la Administración con un sello integral que ofrezca soluciones digitales completas, es decir, que optimice procesos y el TCO (Total Cost of Ownership) de las soluciones IT. Para conseguirlo, debe dotarse de herramientas tecnológicas que cubran los servicios digitales de la ciudadanía y las empresas a través de una única plataforma, de fácil acceso, con funcionalidades multiportal y multidioma.
La superación de la falta de agilidad digital en los procesos
La evolución de la sociedad ante los avances tecnológicos debería ir de la mano con el aumento de la digitalización de la Administración pública. Todavía se observan gestiones y trámites digitales de organismos públicos con dificultades de acceso, eficiencia y agilidad que no responden a las demandas y a las experiencias digitales deseadas por los usuarios. La eficiencia o la agilidad digital que se exige para superar los procesos arduos que existen en la actualidad deben estar integrados en la operativa interna, además de las operaciones externas de los ciudadanos.
La transición y adaptación digital de los empleados públicos
La evolución tecnológica en muchas áreas del sector público ha llegado tarde. Los empleados públicos, en general, han desarrollado sus habilidades fuera del entorno laboral habitual. Así que la transformación digital en el ecosistema público debe ser gradual, con dos fórmulas cruciales para que los trabajadores se integren en la digitalización en su área de trabajo: la comunicación con ellos y la colaboración para que se sientan partícipes de los beneficios del cambio hacia la digitalización.
Así que los organismos públicos deben contar con la tecnología necesaria para que los empleados públicos se adapten al ecosistema IT, con la intención de simplificar la gestión y conseguir altas capacidades de usabilidad.
