El Ministro de Economía del Gobierno de España, Cristóbal Montoro, ha recuperado el plan de control electrónico de IVA en tiempo real. Este sistema, llamado Suministro Inmediato de Información (SII), entrará en vigor el 1 de julio de 2017, y obligará a las empresas a declarar el IVA de las facturas emitidas y recibidas en un plazo de 4 días.
La decisión se ha tomado el viernes 2 de diciembre de 2016 en el Consejo de Ministros. El Gobierno ha decidido sacar adelante esta reforma, que se ideó la pasada legislatura, pero ha estado parada durante meses a causa de la inestable situación política. Entonces, la fecha prevista de puesta en vigor era el 1 de enero de 2017, pero se aplazó sin una nueva fecha determinada. Ahora, la nueva fecha prevista es el 1 de enero de 2018. En la fase anterior la Agencia Tributaria había comenzado las pruebas con varias empresas para evaluar los parámetros técnicos de remisión de información. El proceso, pues, reemprenderá desde el punto donde se quedó anteriormente.
El Suministro Inmediato de Información en principio no será obligado para todas las empresas, sino que solamente lo será para los sujetos pasivos que actualmente tienen la obligación de autoliquidar el IVA mensualmente, como los inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA) o las grandes empresas, con una facturación anual de más de 6 millones de euros. Se estima que los afectados serán alrededor de 62.000 contribuyentes, que representan el 80% de la facturación total de los sujetos pasivos del IVA en España.
El SII supondrá una gran diferencia para las empresas respecto a la gestión del IVA en España actual. Si quieres más información, te recomendamos nuestra guía gratuita “Todo cuanto debes saber de Suministro Inmediato de Información (SII)”.
Con esta reforma el Gobierno pretende adecuar el trámite a las nuevas tecnologías como medida para luchar contra el fraude y aumentar la recaudación. Además de esta actuación, en el mismo Consejo de Ministros también se ha aprobado otra modificación: la reducción de la cantidad máxima que se puede abonar en efectivo, que pasa de 2.500 € a 1.000 €.
