Las multas de Hacienda son el gran miedo de aquellas empresas que tienen la “suerte” de ser elegidas por la Agencia Tributaria para una inspección. Este proceso de revisión concluye con la elaboración de un acta que puede tener diferentes consecuencias para la empresa inspeccionada.
Hay tres tipos de actas de inspección mediante las cuales la Agencia Tributaria refleja su valoración sobre la forma en que la empresa lleva su contabilidad y el pago de impuestos. Se trata, entonces, de un documento público mediante el cual Hacienda, después de realizar las comprobaciones e investigaciones oportunas, propone al obligado tributario las regularizaciones que estime necesarias.
Las actas pueden ser con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. Cada una de ellas tiene sus semejanzas, diferencias y consecuencias sobre el sujeto pasivo. En este primer artículo relacionado con este asunto explicaremos en qué consiste un acta de inspección con acuerdo.
Acta de inspección con acuerdo
En este tipo de actas la Agencia Tributaria, después de llevar a cabo la correspondiente inspección, llega a la conclusión de que puede cerrar el proceso con un acuerdo con la empresa inspeccionada. Esto se pone en conocimiento del obligado al pago quien tiene la posibilidad de proponer las condiciones de dicho acuerdo.
Para la empresa inspeccionada, un convenio de estas características tiene una doble consecuencia. Por un lado, material, porque debe constituir una garantía suficiente para el pago de la multa que pueda derivarse del acta. Por el otro, procesal, ya que el contenido se considera aceptado por ambas partes y solo podrá ser recurrido por la empresa alegando nulidad de plano derecho o vicio en el consentimiento.
Las causas que pueden dar origen a la propuesta de un acta con acuerdo son variadas. Entre otras, podemos destacar el supuesto en que la propuesta de regularización recurra a conceptos jurídicos indeterminados, los casos en que sea necesaria la apreciación de los hechos determinantes para la aplicación de la norma en cuestión o cuando deban realizarse valoraciones o mediciones que no puedan efectuarse de manera directa.
Uno de los principales beneficios para la empresa infractora de aceptar un acta de estas características es que la sanción de Hacienda se reduce en un 50 %, a lo que se suma la renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador. La Administración también sale beneficiada al garantizarse el cobro del impuesto y de una sanción líquida, garantizada e irrecurrible.
Gracias a este tipo de acuerdos se reduce considerablemente la conflictividad tributaria, algo que beneficia a todas las partes. En cuanto al proceso, transcurridos 10 días desde la firma del acuerdo, el mismo se considera confirmado.
