La cooperación colectiva para conseguir dinero u otros recursos crece cada vez con más fuerza probablemente por las circunstancias actuales. Además, en una era social como la nuestra, el hecho de sentirse parte de un proyecto, como hace el crowdfunding, hace que las personas se impliquen emocionalmente.
El pasado 28 de abril en el BOE se publicó la Ley de Fomento a la Financiación Empresarial que regula la actividad de las plataformas de equity crowdfunding y crowdlending en España, o lo que es lo mismo, las nuevas formas de acceso al crédito con la financiación participativa, después que grupos de trabajo formados por importantes plataformas de crowdfunding negociarán con el gobierno.
Regular este sector ayuda a mejorar la seguridad jurídica de las operaciones, como ya se ha visto que ha ocurrido en Gran Bretaña. Además, con esta ley se fortalece una nueva forma de financiación alternativa a la dependencia bancaria que sufren las empresas españolas.
Esta ley impulsa la regularización del sector Fintech, garantizando la aplicación de los principios de neutralidad, diligencia y transparencia.
Tiene como novedades las siguientes características:
- Incorpora la figura del inversor acreditado
Hasta ahora, existía la figura del inversor “no acreditado”, que puede invertir un máximo de 3.000 euros por empresa y 10.000 por año y plataforma. Con la nueva regulación se le suma la figura del “inversor acreditado”, que podrá invertir sin límites. Se considerarán “inversores acreditados”: los inversores institucionales, las empresas medianas o grandes (con activos de un millón de euros, cifra de negocio de dos millones o recursos propios de 300.000 euros), y las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los 50.000 euros al año o tengan un patrimonio superior a 100.000 euros.
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Pone límites
Las empresas que deseen financiación para inversión o deuda a través de las plataformas de crowdfunding no pueden solicitar fondos por encima de los 2 millones de euros, salvo si el proyecto de financiación participativa en la plataforma está destinado a inversores acreditados o profesionales. En ese caso, se puede ampliar hasta 5 millones de euros. Otro límite establecido es que cada proyecto no podrá superar su objetivo en más de un 25%. Es decir, si una empresa solicita 10.000 euros no podrá conseguir más de 12.500 en la plataforma.
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Añade obligaciones para las plataformas de crowfunding
Las plataformas de financiación participativa se regularán bajo el control de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Las empresas propietarias deberán contar con un capital social de 60.000€ como mínimo. Deberá aumentar el doble, o bien tener un seguro de responsabilidad social con una cobertura total de 400.000 € anuales para todas las reclamaciones, en el caso que la financiación a través de la plataforma haya sido superior a los 2 millones de euros durante el último años. Además las plataformas deberán detallar de qué forma se conducirá el flujo de dinero desde las cuentas de los inversores hasta las de las empresas.
